La situación que atraviesa la judicatura en España no ha pasado desapercibida para la Comisión Europea. El clima político no ayuda a promover entre la ciudadanía un clima de confianza en los estamentos judiciales. Principalmente por los reiterados ataques y el cuestionamiento de las sentencias judiciales procedentes desde la clase política. En su quinto informe sobre el Estado de derecho, la Comisión alerta de el daño a los jueces por las críticas que reciben desde el Gobierno y el Parlamento. En un relato nada condescendiente y en el que se equipara a España con países como Eslovaquia o Italia, el escrito remarca que el «daño es particularmente relevante cuando se trata de declaraciones realizadas desde los poderes legislativo y ejecutivo».
Las críticas deslizadas en el documento no son una sorpresa ya que la Comisión recoge el sentir y la preocupación del Consejo General del Poder Judicial y de asociaciones de jueces. De un tiempo a esta parte, el intento de manoseo de los estamentos judiciales y, sobre todo, las airadas reacciones a determinadas sentencias en contra de los intereses de los diferentes partidos permean entre una opinión pública desafecta y desconfianza en torno a un estamento clave del Estado de derecho. La publicación del informe europeo llega en vísperas de la declaración del presidente Pedro Sánchez ante el juez Peinado por la causa abierta contra su esposa, Begoña Gómez, donde no han faltado criticas al magistrado por parte del Gobierno. El propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, tildaba días atrás de «persecución cruel» contra Gómez el proceso puesto en marcha por Peinado. A esto, es solo un ejemplo reciente, se refiere el informe de la Comisión conocido ayer.
Tampoco ayuda a la independencia judicial y a su buena imagen legislar 'ad hoc' para sellar el apoyo de los socios de investidura. Es el caso de la ley de amnistía en la que el informe no profundiza escudándose en las conclusiones de la Comisión de Venecia. No obstante, alerta de su tramitación por la vía de urgencia, la misma que necesitaba Sánchez para prolongar su estadía en la Moncloa. Entre las notas positivas, la Comisión celebra los avances para desbloquear, tras más de cinco años caducado, el Consejo General del Poder Judicial poniendo en valor el diálogo entre PSOE y PP aunque con la mediación y bajo el paraguas de la institución europea. Entre sus recomendaciones, demandan a España separar los mandatos del Fiscal General del mandato del Gobierno para garantizar su autonomía e independencia en clara referencia a la exministra Dolores Delgado.
Las conclusiones y las recomendaciones del informe son precisas y dibujan un escenario en el que la enconada lucha política no ayuda. El horizonte no es alentador si aquellos que tienen que salvaguardar y preservar la salud democrática de un país se empeñan en erosionar, con su actitud, sus principales instituciones socavando su independencia y credibilidad.