Lacomisión informativa de Hacienda, Cuentas, Personal y Presidencia de la Diputación dio ayer luz verde al ejercicio de acciones judiciales para lograr la constitución de su derecho de superficie sobre el solar propiedad del Ayuntamiento de la capital y el edificio que alberga: el parque de bomberos. 

La institución provincial eleva de esta forma la presión sobre el Consistorio capitalino después de que este haya rechazado por activa y por pasiva la propuesta lanzada por la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, para rubricar un convenio de colaboración en el que, a cambio del pago de 305.000 euros anuales, el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) de la capital se haga cargo de un máximo de 21 intervenciones en la zona sur de la provincia.

Conocida la negativa del Ayuntamiento a una propuesta que la alcaldesa, Miriam Andrés, calificó de «huída hacia adelante» y que desdeñó porque supondría que el servicio de la capital quedase «infradotado para actuar fuera de las competencias municipales», la Diputación ha dado el primer paso hacia los tribunales. 

De esta forma, la comisión de Hacienda dio ayer luz verde a una propuesta que contempla tres acuerdos. El primero, «denunciar la inejecución e incumplimiento por el Ayuntamiento de Palencia del acuerdo plenario adoptado, por unanimidad el 6 de octubre de 1981».

El segundo, requerir al Consistorio la ejecución de ese acuerdo, es decir, «la constitución del derecho de superficie sobre la parcela de propiedad municipal de una extensión de 1.891,26 m2,(...) en la que se construyó el parque de bomberos provincial (sic.) a favor de la Diputación, previas las operaciones de división o segregación que fueran precisas a tal fin, (...) sin perjuicio de las indemnizaciones resarcitorias que por daños y perjuicios proceda exigir.

Si el Ayuntamiento no cumple con esta petición en el plazo de un mes, la Diputación interpondrá el recurso pertinente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, por lo que el tercer punto de ese acuerdo es «facultar expresamente a la presidenta de la Diputación para que ejecute este acuerdo y ordene la interposición del recurso contencioso-administrativo».

el 6 de octubre de 1981. Para entender qué es lo que exige concretamente la institución provincial al Ayuntamiento hay que remontarse a un año antes del 6 de octubre de 1981, cuando ambas instituciones, para garantizar la prestación de un «servicio provincial», llegaron a un acuerdo por el que la Diputación se comprometía a construir un parque contra incendios en un solar de propiedad municipal ubicado en el Polígono Nuestra Señora de los Angeles de la capital. Con cargo a su presupuesto, la institución provincial gastó 55.000.000 pesetas en la construcción del edificio y otros 10.000.000 en la compra de un camión autoescala. 

A cambio, en un pleno celebrado el 6 de octubre de 1981, el Ayuntamiento acordó la constitución de un derecho de superficie a favor de la Diputación sobre dicha parcela durante un plazo de 75 años. Dicho de otra forma, el Consistorio cedería a la institución provincial la potestad de usar ese suelo y lo construido en él, es decir, el parque de bomberos, como si fuese su propietario. 

Sin embargo, ese acuerdo plenario nunca se materializó, y aunque la Diputación sí ha requerido en diversas ocasiones el cumplimiento de ese acuerdo plenario (1984, 1987, 1988, 2017 y 2021), no ha sido hasta ahora que ha iniciado los trámites para llevar el asunto al Juzgado.

¿Por qué ahora sí? Porque la institución provincial da por rota «la colaboración institucional» que ha permitido «la continuidad de la prestación del servicio por cada una de la administraciones, en el ámbito de sus respectivas competencias» después de que el Ayuntamiento haya rechazado la propuesta lanzada por la Diputación para la firma de un nuevo convenio. No obstante, esa colaboración no se da desde enero de 2022 y entonces, estando el Ayuntamiento bajo gobierno del PPy Cs, tampoco se accedió a un pacto.