El presidente autonómico de CSIF, Benjamín Castro, denunció hoy que Castilla y León es una de las comunidades que "peor trata" a sus empleados públicos y aseguró que espera la llamada del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para negociar los presupuestos de 2025 y el funcionamiento de los servicios públicos.
Castro, que esta tarde participó en el X Congreso Provincial de CSIF Valladolid, en el que salió reelegida como presidenta María José San Román, mostró su preocupación ante incertidumbre a la que se enfrentan los trabajadores, dado que la aprobación de los presupuestos estatales parece complicada, mientras que las cuentas autonómicas "están en jaque".
Además, criticó que a Mañueco "parece importarle poco" la opinión del primer sindicato dentro dentro de la administración de la Comunidad, y reclamó al presidente de la Junta que les convoque a una reunión para analizar el funcionamiento de los servicios públicos. Además, reclamó la necesidad de que la Junta recupere la senda de la negociación para dar solución a una plantillas públicas envejecidas e insuficientes en los servicios públicos.
Por otra parte, la presidenta provincial, que afronta un nuevo mandato, hizo un balance de su gestión y destacó que en los últimos ocho años CSIF en Valladolid ha incrementado su afiliación en Valladolid un 74 por ciento, hasta los casi 4.900 afiliados, además de incrementar su número de delegados en más de una treintena en las administraciones y en 80 en el ámbito empresarial.
Además, explicó que sus objetivos para el nuevo mandato pasa por "reforzar con urgencia las insuficientes plantillas" de los servicios públicos de Valladolid, a la vez que recuerda que un 30 por ciento de las plazas están vacantes y un 35 de los empleados públicos se encuentran próximos a su jubilación. En este sentido, indicó que solo en la Junta hay unas 1.820 plazas vacantes en la provincia.
A su vez, también hizo referencia su compromiso con la lucha por la igualdad y recordó que CSIF "ha forzado" la elaboración de los planes de igualdad de género en la Diputación y en el Ayuntamiento.
Miguel Borra
Al congreso también asistió el presidente nacional del sindicato, Miguel Borra, que también mostró su preocupación por la falta de los presupuestos estatales para 2025. Además de reclamar una subida salarial que compense la pérdida del 6 por ciento de poder adquisitivo que han sufrido los trabajadores públicos en los dos últimos años, también reclamó medidas al Gobierno para cumplir el compromiso con la UE de reducir la temporalidad al 8 por ciento a final de año.
Borra también mostró su malestar por la propuesta de una financiación "singular" para Cataluña y advirtió que en el caso de que la gestión de los impuestos sea transferida a la Generalitat, los servicios públicos de comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha o Aragón, entre otras, tendrán problemas de financiación.
La aplicación de la jornada laboral de 35 horas, las mejoras en las condiciones de jubilación tanto del régimen general como de clases pasivas, el desarrollo de la Ley de Función Pública o la aprobación de una Oferta de Empleo Público acorde a las necesidades de la administración, son otras de las reivindicaciones del sindicato, según aseveró Borra.