El Ministerio Fiscal y las acusaciones particular y popular consideraron hoy acreditada la comisión de delitos por parte de los exaltos cargos de la Consejería de Economía y Empleo en la compra del edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda y de los terrenos del malogrado polígono industrial de Portillo, a la vez que advirtieron que no se puede responsabilizar "de todo" al exconsejero Tomás Villanueva, dado que ellos conocían perfectamente que se estaban cometiendo irregularidades en ambas operaciones, por lo que pudieron haberse negado a cumplir determinadas órdenes o bien haber presentado su dimisión.

Al mismo tiempo, las acusaciones también mantiene sus peticiones de penas para los empresarios implicados en esta trama, a excepción del Alberto Esgueva, tal y como anunciaron la pasada semana, y consideran probado que la empresa Urban Proyecta conocía con antelación tanto la compra del edificio de Arroyo como la intención de la Consejería de Economía y Empleo de construir el polígono industrial de Portillo, según informa Ical.

El Ministerio Fiscal sostuvo que Urban Proyecta contó con información privilegiada y tuvo en su poder el pliego de condiciones para el alquiler del edificio de Arroyo antes de su publicación, a la vez que recalcó que la operación paso de ADE a Gesturcal con el fin de eludir todos los controles y poder favorecer los intereses de Urban Proyecta.