Diez días. Ese es el nuevo plazo que el Ayuntamiento ha dado al hostelero Alberto Villegas para que desmonte su terraza acristalada, llamada El jardín de Magdalena, ubicada en una zona verde junto a su restaurante, el San Remo. 

Este es el segundo requerimiento que el Consistorio remite al empresario palentino, después de que el jueves pasado finalizara un primer plazo de 7 días sin que se haya llevado a cabo la orden municipal. Será el último, porque el equipo de Gobierno ya estaría buscando una empresa para llevar a cabo la retirada de la terraza. 

Así lo explicó a este periódico el concejal de Izquierda Unida-Podemos, Rodrigo San Martín, que el pasado viernes preguntó en la Junta de Gobierno por esta cuestión. Ese nuevo plazo de 10 días es el preceptivo por ley y corresponde a jornadas hábiles que empezarán a contar una vez que se notifique al hostelero Alberto Villegas la orden municipal.

En la práctica, son dos semanas más de plazo por lo que es muy probable que el empresario y el Ayuntamiento se vean las caras antes en el juzgado, al que ambas partes están citadas el próximo 7 de marzo. 

Cabe recordar que el hostelero montó esta terraza durante la pandemia del coronavirus en una zona verde de la vía pública, aprovechando el permiso del Consistorio pensado para compensar el cierre de bares y restaurantes por culpa de las restricciones. Una situación excepcional que finalizó el  21 de septiembre del año pasado, fecha en la que el Ayuntamiento decretó que ya no podían seguir funcionando, dando de plazo a los hosteleros hasta el 28 de septiembre para retirarlas de la vía pública.

El propietario del restaurante San Remo se negó a desmontarla, argumentando que tendría un coste estimado en «varios miles de euros» que le supondría un quebrando si la nueva ordenanza, ahora en proceso de redacción, permita finalmente su continuidad. 

El Ayuntamiento dictó una orden en la que instó a Alberto Villegas a desmontar El jardín de Magdalena en un plazo de 15 días. Sin embargo, el hostelero recurrió a los tribunales y el juzgado Contencioso-Administrativo estimó las medidas cautelares solicitadas por el empresario.  A mediados de noviembre, el tribunal dejaba sin efecto esas medidas.