Venezuela no sale de la oscuridad después de las presidenciales de hace un mes. Nicolás Maduro, supuesto ganador de los comicios, según el Consejo Nacional Electoral y avalado por un Tribunal Supremo del régimen, se aferra a unos resultados cuestionados no solo por la oposición sino por casi toda la comunidad internacional, incluidos los países más influyentes de Latinoamérica y con buenas relaciones en el pasado con el líder bolivariano. Más allá de la crisis social, democrática y ausente de filtros y observadores de reconocido prestigio, el reelecto presidente aún no ha sido capaz de mostrar las actas electorales, claves para zanjar un pulso de credibilidad que pacifique el país.

Y la elección del gabinete de Maduro para un cuarto mandato no da esperanzas de abrir vías de negociación y evidencias de transparencia de un proceso electoral que ha dividido en dos al país. El atrincheramiento es más que evidente con la llegada de ministros, algunos de ellos, viejos conocidos del régimen por su mano dura en otros momentos de una dictadura envuelta de una especie de democracia que no cumple los estándares mínimos.

La república venezolana tejió hace décadas un aparato político, militar y judicial capaz de controlar todos los poderes bajo el auspicio de unos derechos y libertades que siempre han estado cuestionados por su déficit democrático, lo que provocó la salida de miles de ciudadanos, muchos de ellos acogidos por nuestro país por sus relaciones bilaterales y vínculos históricos y culturales. De ahí la importancia de que España siempre haya querido mantener unos lazos con Caracas cercanos que no siempre se han visto correspondidos por distintos ejecutivos. Como actor principal en Latinoamérica, el Gobierno español se juega una credibilidad tanto en el continente como en Europa que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero empaña últimamente con sus silencios referentes al resultado de las elecciones del 28 de julio. Como observador privilegiado del proceso, Zapatero resta prestigio a la democracia española con una posición sin declaración alguna ni declaración de lo que está pasando realmente. Su papel como representante europeo es validar el proceso electoral o en caso contrario denunciarlo. Su prolongado mutismo no hace sino agrandar las sospechas y recelos de la oposición venezolana y, al mismo tiempo, desprestigia la institucionalidad de un alto cargo de España, cuando nuestro país ya se ha alienado con una veintena de naciones para exigir a Maduro la presentación de las actas y, al menos, entrar en una negociación de consenso que saque al país caribeño de la violencia, de las persecuciones, de la paralización económica y de la confrontación social en la que lleva sumergida décadas.