La Fiscalía ha solicitado una multa global de 2.160 euros para  los padres de una menor al estar acusados de un delito de incumplimiento de los deberes de asistencia paterna al no permitirla acudir a clase durante 118 jornadas en el curso 2020-21 al considerar que las medidas implantadas por el covid 19 eran excesivas.

Según el escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso Diario Palentino, los progenitores de la menor, que cursaba estudios de Secundaria en el Instituto Santa María la Real de Aguilar de Campoo en el momento de los hechos, presuntamente facilitaron que su hija dejara de asistir «permanente y constantemente» a clase durante el citado curso, llegando a acumular 118 faltas de asistencia durante el período lectivo.

La Fiscalía mantiene que los padres alegaron para adoptar dicha actitud que el exceso de medidas implantadas por la autoridad educativa debido a la pandemia del covid la estaban afectando «física y mentalmente» a su hija. Por estos hechos, el fiscal solicita para cada uno de ellos una multa de seis meses con una cuota diaria de seis euros.

Según los expertos consultados, durante la situación de crisis sanitaria provocada por la covid-19, la preocupación de los padres y madres por garantizar la salud era comprensible, pero no se debe obviar que en los tramos de edad comprendidos entre los seis y dieciséis años existe el deber legal de escolarización de los menores durante el periodo de enseñanza obligatoria. Por tanto, constituye un deber ineludible de los padres o tutores la escolarización de los menores.

Su desatención voluntaria, injustificada y persistente puede conllevar consecuencias legales derivadas de los deberes inherentes al ejercicio de la patria potestad.

En definitiva, la falta de escolarización de un menor puede ser constitutiva de delito abandono de familia tipificado en el artículo 226.1 del Código Penal, lo que puede conllevar penas de hasta seis meses de prisión o multa de hasta 12 meses, por omisión de los deberes inherentes al ejercicio de la patria potestad que según el artículo 154 del Código Civil comprende, entre otros, el velar por los menores, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarle una formación integral.

Para la concurrencia de dicho delito, el incumplimiento de los deberes que como padres afectan a éstos en el ejercicio de la patria potestad debe ser voluntario y no producto de la imposibilidad de asumir y cumplir tales deberes, además de persistente, no esporádico o transitorio y completo.

Sin abandonar el covid-19, el Juzgado de lo Penal, que juzgará el caso de los padres por absentismo escolar, también acogerá próximamente la vista oral seguida contra un varón que se enfrenta a una pena de 18 meses de prisión y una multa global de 3.600 euros como presunto responsable de un delito de robo con violencia en grado de tentativa y dos delitos de lesiones leves tras sustraer un pantalón de una tienda ubicada en la avenida Modesto Lafuente de la capital y después de que una de las dependientes le indicara que se tenía que poner la mascarilla dentro del local de forma obligatoria en aquellos momentos.

Los hechos ocurrieron el 3 de julio de 2020, poco después de salir del confinamiento. El acusado, antes de abandonar el establecimiento, según el fiscal, no solo forcejeó con las dos empleadas -y también la encargada- sino que además de ser insultadas y amenazadas sufrieron sendas lesiones por contusiones Finalmente, tras llamar al 091, el sujeto fue detenido por agentes de la Policía Nacional.

Robo en la comunidad de San Gregorio de Aguilar

Un varón se enfrenta a una pena provisional formulada por la Fiscalía de un año y nueve meses de prisión y medida de libertad vigilada como presunto responsable de un delito de robo con violencia después de que supuestamente asaltara a un integrante de la comunidad religiosa de San Gregorio de la Compasión de Aguilar de Campoo. Los hechos ocurrieron el 31 de enero de 2022 cuando el acusado, que al parecer sufre problemas de drogadicción, abordó a uno de los integrantes de la citada comunidad religiosa cuando se encontraba en la capilla del colegio y le conminó a que le diera todo el dinero que llevaba encima «porque esto es un atraco», según dijo, tal y como refleja la Fiscalía en su escrito de acusación. Tras quitarle al religioso el teléfono móvil una vez registrados los bolsillos, al final también este le dio 10 euros. Según el Ministerio Fiscal, el acusado era conocido por la comunidad puesto que desde octubre de 2021 a enero de 2022 acudía con frecuencia al recinto con el propósito de pedir dinero a los religiosos.