A efectos de política interna, Venezuela es para el PP como la decimoctava comunidad autónoma, dada la atención que le dedica, como utiliza todo lo que ocurre en aquella nación, -presidida por el autócrata Nicolás Maduro-, y lo relaciona con la situación interna de España, hasta convertirla en un punto destacado de su labor de oposición al Ejecutivo.

Tras la aprobación de la proposición no de ley presentada por el PP para que el gobierno reconozca como presidente electo a Edmundo González Urrutia, el candidato de la oposición venezolana en las pasadas elecciones presidenciales, y la respuesta a esa resolución de uno de los factótum del régimen bolivariano, Jorge Rodríguez, que ha propuesto que Venezuela rompa todo tipo de relaciones con España, se abre un periodo de incertidumbre a la espera de lo que decida Nicolás Maduro. Dado que la votación del Congreso carece de efectos jurídicos es de esperar que la que emita la Asamblea Nacional venezolana tampoco sea atendida por el gobierno de ese país y se quede en una manifestación de protesta por la presión diplomática que supone, a añadir a la de otros países que al mismo tiempo tratan de mantener abiertos canales de comunicación para lograr que se impongan los deseos el pueblo venezolano expresados en las urnas.

Es previsible que la sangre no llegue al río por parte venezolana, y que por la parte española se hagan valer sus buenos oficios y se confirme que el Ejecutivo mantiene relaciones fluidas con el Gobierno bolivariano para frenar esta crisis y que, en línea con lo expresado por el PP tras asilarse Edmundo González en España, Nicolás Maduro agradezca que Sánchez le haya quitado un problema de encima.

Si la amenaza de Jorge Rodríguez se concretara y se produjera una ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales, cobrarían sentido las críticas a una acción del PP de consumo interno, en la que se desmarca de la posición de la mayor parte de la comunidad internacional. Que el PP afirme, para minimizar los efectos que esa decisión pueda tener sobre las empresas españolas con actividad en Venezuela, que el mayor perjudicado sería el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y sus supuestos negocios en Venezuela, es una banalización de la gravedad de la situación en la que pueden verse comprometidas.

Un día después de la votación en el Congreso el presidente del Gobierno ha recibido en la Moncloa a Edmundo González y ha afirmado que España trabaja "en favor de la democracia y el diálogo y los derechos fundamentales del pueblo hermano de Venezuela", mientras que el portavoz del PP, Borja Sémper, ha dicho que "Venezuela y los venezolanos merecen un gobierno democrático y vivir en un país libre". Ambos, por tanto, tienen el mismo objetivo. Lo que les distancia es el procedimiento y las prisas.

La próxima semana será el Parlamento Europeo (PE) quién tendrá que pronunciarse sobre el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela, un debate instado por el PP, con visos de salir también aprobado, que tampoco tendrá un carácter vinculante para la Comisión Europea. Dado el interés del PP en llevar a Europa este asunto, en el que el PSOE volverá a votar en contra, el PE se enfrentará al primer debate hispano-español de la nueva legislatura europea.