«Yo justifico el golpe militar», afirmó en julio pasado el diputado chileno Jorge Alessandri respecto al derrocamiento del presidente Salvador Allende en 1973, eco de un sector de la derecha del país que, según analistas, manifiesta «retrocesos» al justificar o negar la violencia de la dictadura impuesta por Augusto Pinochet hace ahora 50 años, y que ha crecido en los últimos meses el seno de un Chile polarizado que puja por hacer memoria. Las palabras de Alessandri no son un fenómeno aislado, sino parte de un coro cada vez más presente en la discusión política del país sudamericano y que el propio jefe del Ejecutivo, Gabriel Boric, ha definido como un «retroceso democrático peligroso».
Cuando se conmemoraron 40 años del golpe civil militar, el entonces jefe de Estado chileno Sebastián Piñera apuntó, de forma inédita en su sector, a los «cómplices pasivos» de la dictadura: funcionarios del Poder Judicial y civiles que, estando al tanto de las violaciones a los derechos humanos, no hicieron nada.
Esa línea hoy parece ausente y ejemplos hay varios: a finales de 2021, el congresista Johannes Kaiser afirmó que los prisioneros de Pisagua, uno de los primeros centros de detención del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) en la zona norte, «bien fusilados» estaban.
Con otro tono, pero parte de la misma sustancia, el actual presidente del Consejo Constitucional y militante del ultraderechista Partido Republicano (PR), Luis Silva, señaló este mayo que el dictador fue un «estatista», y hace pocas semanas una diputada cercana al PR señaló que la violencia sexual ejercida contra las prisioneras políticas en dictadura es una «leyenda urbana».
La división en Chile es mayor que nunca y en este medio siglo del golpe de Estado parece cada vez más patente, no solo entre la clase política, sino también entre la población. Eso sí, con la convicción de que una sublevación como la que protagonizó Pinochet está muy lejos de repetirse.
La crisis política, económica y social que se vivía en 1973 con Allende en el poder se puede comparar con la complicada situación que vuelve a sentir el país, esta vez con otro socialista en el Gobierno. De hecho, Boric ha intentado en todo momento resucitar el espíritu del fallecido mandatario y presentarse como su sucesor 50 años después con políticas que apelan al reformismo y, sobre todo, con el objetivo de mantener la paz en las calles. Y enfrente tiene a otro extremista, José Antonio Kast, quien mantiene una ideología próxima a Pinochet, pero sin ideas conspiratorias contra la democracia. Consciente de que actualmente es imposible, se basa en una revolución contra la izquierda. Una batalla que ya ha ganado recientemente, con su victoria en las últimas elecciones, las constituyentes de mayo, en las que los ciudadanos decidieron que fuera la oposición de extrema derecha la que elaborase la nueva Carta Magna bajo el mandato del izquierdista Boric.
Y mientras el presidente prepara un multitudinario acto para hoy, al que acudirán varios mandatarios de América Latina, para recordar la memoria de Allende, en una clara lucha por la Memoria Histórica, cada vez son más los que apuestan por dejar atrás el pasado y evitar revivir esta página negra de la Historia del país.
Porque aquel 11 de septiembre de 1973 fue solo el principio del comienzo de un tiempo nefasto para Chile. Después llegaría la dictadura de Pinochet, que durante 17 años se cobró 40.000 víctimas entre ejecutados, presos políticos, torturados, violadas y desaparecidos. Una cadena de crímenes contra la humanidad por la que el general no llegó a pagar nunca. Eso sí, tal y como auguró Allende en su último discurso radiofónico, «la Historia le juzgará».
«Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos, mi recuerdo será el de un hombre digno que fue leal», agregó en aquella alocución. Y ese es el legado que, medio siglo después, y más allá de las ideologías, seguirá en pie en Chile, donde aquel lamentable final del presidente, suicidándose ante el asedio de los golpistas, no debe olvidarse ni volver a repetirse.