Ser fiscal general del Estado es una profesión de riesgo. Todos nacen con el pecado original de haber sido nombrados por el gobierno entrante para la duración habitual de una legislatura y tienen la salvaguarda de que no pueden ser cesados. Se les presume fidelidad a la política criminal que establezca el Gobierno y la mayoría de ellos así lo han cumplido, pese a que en los últimos tiempos se insiste en su independencia. Algunos, incluso, han hecho profesión de fe de ello y han sido animados a dimitir, como fue el caso de Eduardo Torres-Dulce -PP-, o de Consuelo Madrigal, no respuesta en el cargo por el mismo partido, o de María José Segarra -PSOE- que tampoco repitió. Como ejemplo de fiscales "independientes" ahí están Juan Ortíz Úrculo, Jesús Cardenal o José Manuel Maza, nombrados por gobiernos del PP, o Cándido Conde Pumpido, designado por Rodríguez Zapatero. La independencia de los fiscales generales tiene un precio que a los partidos gobernantes no les sienta bien, y los convierte en un pimpampum para la oposición por el estigma mencionado.
El actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha convertido en el primero de su categoría en ser investigado por el Tribunal Supremo, en este caso por dos presuntos delitos, revelación de secretos y afectar al derecho de defensa de un delincuente confeso, Alberto González Amador, pareja sentimental de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y pillado en el renuncio de no haber pagado impuestos por la venta de mascarillas durante la pandemia.
Demos por bueno que García Ortiz pecó de precipitación, urgido por los medios de comunicación que querían contrarrestar la "exclusiva" del entorno de la presidenta madrileña, que afirmaba que había sido la fiscalía quien había ofrecido un acuerdo de conformidad a su novio para eludir la cárcel, cuando fue él mismo quien reconoció dos delitos de fraude fiscal. Por ganar ese "relato", García Ortiz asume la redacción de una nota de prensa para poner las cosas en su sitio, y repitió lo que ya se sabía. Hasta el Supremo, en su auto, reconoce que "aparentemente", de la nota de prensa difundida "no hay información indebidamente revelada, ante el conocimiento público de los hechos". Un asunto que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no ha podido investigar por su condición de aforado, pero que tampoco lo ha hecho sobre el origen de la filtración del acuerdo de la pareja de Ayuso que se subrayó que procedía de "fuentes de la defensa". En fin.
La segua pata de la investigación sobre García Ortiz se debe a que "al menos indiciariamente, en este supuesto, sí existe una carga de lesividad que afecta al posible perjuicio al derecho de defensa" del particular investigado por Hacienda. Cualquier lego en Derecho puede preguntarse cómo se afecta a ese derecho cuando un delincuente ha confesado su delito. Pero el Derecho tiene razones que los mortales no entienden.
La Sala del Supremo ha decidió por unanimidad investigar al fiscal general del Estado y el ponente será un juez que en su paso por la Audiencia Nacional ha favorecido al PP con sus decisiones. Álvaro García Ortíz, ha anunciado que no va a dimitir hasta que haya sentencia firme. Ya tenemos un nuevo sucedido que saldrá a la palestra cada vez que se hable de corrupción o de acoso judicial al Gobierno. Para cuando se resuelva habrán pasado una buena cantidad de meses con una lucha de argumentos irreconciliables.